El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó un inmueble ubicado en Parque Avellaneda que permanecía ocupado sin autorización por la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois, en un nuevo operativo de recuperación de espacios públicos y privados.
El predio, situado bajo la autopista Perito Moreno, era utilizado como depósito ilegal, sin habilitación ni permiso vigente, y fue desalojado durante la madrugada con la intervención de distintas áreas del Ejecutivo porteño, maquinaria pesada y efectivos de la Policía de la Ciudad.
Desde el gobierno de Jorge Macri fueron contundentes: “Al que usurpa, sepa que lo vamos a ir a buscar”, remarcaron, al tiempo que insistieron en que no hay grises entre necesidad e impunidad. El inmueble pasará ahora a la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que definirá su destino.
El operativo volvió a poner en el centro de la escena a Juan Grabois, quien desde hace años combina un discurso de defensa de los sectores vulnerables con ocupaciones irregulares, presión política y un manejo discrecional de espacios públicos. Aunque el dirigente no hizo declaraciones formales, desde el MTE difundieron mensajes acusando al jefe de Gobierno y a la Policía, sin aportar documentación que respalde la legalidad de la ocupación.
Desde la Ciudad recordaron que ya se recuperaron más de 550 inmuebles en los últimos dos años, muchos de ellos tomados bajo el amparo de organizaciones sociales que actuaban con tolerancia política durante gestiones anteriores. “No cambiaron las leyes ni los jueces: cambió la decisión política”, remarcaron desde el Ejecutivo porteño.
En ese marco, la narrativa del MTE volvió a chocar con los hechos. Mientras la cooperativa asegura que el predio les fue otorgado hace más de una década, no existe autorización vigente, ni contrato activo, ni habilitación para el uso del espacio como centro de acopio, una situación que se repite en otros puntos de la Ciudad bajo el esquema de organizaciones afines a Grabois.
El dirigente social, en cambio, optó por elevar el tono y atacar personalmente a Jorge Macri en redes sociales, con insultos y descalificaciones, evitando dar explicaciones concretas sobre la ocupación del inmueble. Una estrategia ya conocida: victimización pública, confrontación discursiva y ausencia de respuestas legales.
Desde el Gobierno porteño también señalaron que, en paralelo a la recuperación del predio, se avanzó en reformas del sistema de reciclado, eliminando intermediaciones y garantizando pagos directos y bancarizados a los cartoneros, un punto que golpea directamente el esquema de poder de las organizaciones sociales.
El desalojo del galpón en Parque Avellaneda deja al descubierto una vez más la contradicción entre el discurso de legalidad selectiva de Grabois y la ocupación sistemática de espacios sin autorización, una práctica que durante años fue tolerada y que hoy empieza a encontrar un límite claro desde el Estado.
Mientras el dirigente insiste en el conflicto político, la Ciudad avanza en la recuperación del orden urbano, marcando un quiebre con una etapa en la que la usurpación era presentada como derecho adquirido.