El gobierno oficializó una controvertida medida impulsada por Javier Milei, consistente en la implementación de vouchers educativos para subsidiar a colegios privados. A través de la Resolución 61/2024, se establece un programa destinado a «subvencionar la demanda y no la oferta», con el objetivo de evitar que los alumnos deban cambiar de institución educativa debido al aumento en el costo de la matrícula o las cuotas mensuales.
Esta medida resulta llamativa dado que fue el propio Gobierno quien decidió desregular el valor de las instituciones privadas, lo que llevó a un incremento significativo en los costos escolares. No obstante, la resolución atribuye la necesidad del programa a la «situación económica heredada» y busca asistir a familias cuyos hijos asisten a instituciones privadas que reciben aporte estatal, garantizando la permanencia de los alumnos en dichas instituciones.