El presidente Javier Milei prepara un decreto para dar inicio al traspaso de rutas nacionales a manos privadas, comenzando con el corredor vial 18, que incluye las rutas 12 y 14 y el puente Rosario-Victoria, actualmente gestionados por Caminos del Río Uruguay. Este esquema busca replicar el modelo de los años 90, con concesiones privadas que prometen mejoras en infraestructura a cambio del cobro de peajes.
Desde 1990, los sucesivos intentos de gestionar eficientemente las rutas del país, tanto desde el ámbito privado como público, han fracasado. Durante el kirchnerismo, las concesionarias se limitaron a tareas menores como cortar el pasto, mientras las obras quedaron a cargo de Vialidad Nacional. En la era de Mauricio Macri, las PPP fueron anunciadas con bombos y platillos, pero los escándalos judiciales y la crisis económica frenaron cualquier avance significativo.
El estado actual de las rutas refleja décadas de desidia: menos del 31% está en buen estado, según un informe de 2021 del Ministerio de Obras Públicas, y un reciente ranking internacional colocó a la Argentina entre los países con peor infraestructura vial.
El modelo de privatización que impulsa el gobierno actual incluye ajustes automáticos y trimestrales de tarifas y promete mejoras como el bacheo completo y la señalización adecuada antes de implementar nuevas tarifas. Sin embargo, se replican las cláusulas y promesas de los esquemas de los 90, que terminaron siendo un rotundo fracaso.