El gobierno nacional ha presentado un nuevo proyecto que busca endurecer las políticas migratorias en el país. Según adelantó el vocero Manuel Adorni, la iniciativa tiene como objetivo principal modificar los criterios de residencia y establecer restricciones que incluyen el arancelamiento de servicios como la salud pública y la educación universitaria para quienes no posean residencia permanente.
Adorni afirmó que estas medidas buscan «ordenar el país, cuidar las fronteras y proteger a los argentinos». Sin embargo, la propuesta ya ha generado críticas de especialistas, funcionarios y organizaciones, quienes la consideran discriminatoria y poco realista.
El proyecto, aún en elaboración por la Secretaría del Interior y la Dirección Nacional de Migraciones, propone que las universidades públicas cobren aranceles a estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente. Según Adorni, esta medida podría convertirse en una fuente de financiamiento para las instituciones educativas, aunque no presentó datos que respalden esa afirmación.
En contraste, Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, desmintió la existencia de estudiantes sin residencia, ya que la normativa actual exige este requisito. Además, un informe oficial del gobierno señala que los extranjeros representan solo el 4,1 % del alumnado universitario y que el impacto económico de cobrar aranceles sería mínimo.
Respecto al sistema de salud, se planea que las provincias y municipios decidan si cobrar por los servicios médicos a extranjeros sin residencia. Sin embargo, datos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indican que solo el 0,2 % de las consultas y el 0,8 % de las internaciones corresponden a personas no residentes, lo que demuestra un impacto limitado en el sistema