La Auditoría General de la Nación (AGN) reactivó su intervención en el caso del fentanilo contaminado y avanzará en una auditoría de gestión sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en medio de fuertes cuestionamientos por fallas en los controles que derivaron en al menos 111 muertes.
Como parte del proceso, el organismo convocó a familiares de las víctimas a un taller de planificación participativa que se realizará este jueves en el edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, con el objetivo de definir los lineamientos de la auditoría.
La iniciativa se da en un contexto crítico, atravesado por una causa judicial en curso que investiga responsabilidades estatales —incluyendo al Ministerio de Salud, la ANMAT y el INAME—, y por la falta de respuestas concretas tras los informes elaborados por la comisión investigadora.
Fallas estructurales bajo la lupa
Según la investigación que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak, el caso expuso una cadena de irregularidades graves en el sistema sanitario.
Entre los principales puntos señalados figuran:
- deficiencias en la detección temprana del problema
- controles insuficientes en la producción
- alertas previas que no fueron atendidas
- fallas en la trazabilidad y el retiro del medicamento
El análisis judicial determinó que el lote contaminado —identificado como 31202— fue producido en diciembre de 2024 y estaba destinado al sistema de salud pública.
111 víctimas fatales y 14 detenidos
El Cuerpo Médico Forense confirmó que el fentanilo adulterado provocó la muerte de 111 personas, tras analizar 159 casos durante la feria judicial. Del total, 48 pacientes lograron sobrevivir.
En la causa hay 14 procesados y detenidos, entre ellos el empresario Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., acusado como coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales.
De acuerdo a la imputación, García Furfaro habría participado junto a otros integrantes de ambas firmas en decisiones clave vinculadas a la fabricación, distribución y comercialización del producto contaminado.
Presión sobre el sistema de control sanitario
El avance de la auditoría de la AGN busca determinar si existieron fallas estructurales en los organismos de control y si hubo responsabilidades administrativas que contribuyeron a que el medicamento adulterado llegara a pacientes.
El proceso también apunta a establecer si las advertencias previas fueron desoídas y si el sistema estatal respondió de manera adecuada ante una crisis sanitaria de esta magnitud.
La participación de familiares de las víctimas en la planificación marca un hecho inusual en este tipo de auditorías y refleja la presión social por obtener respuestas y eventuales cambios en el sistema de control de medicamentos en Argentina.