El Ejecutivo modificó por DNU el marco regulatorio del servicio de agua y cloacas. Argumenta que el Estado ya no puede sostener el sistema.
El Gobierno nacional avanzó en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) al modificar por decreto el marco regulatorio del servicio de agua potable y cloacas. La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, habilita la venta de acciones de la empresa y autoriza cortes del servicio por falta de pago, algo que estaba restringido hasta ahora.
El Decreto de Necesidad y Urgencia sostiene que estas reformas son necesarias para “fomentar la participación del capital privado, mejorar la eficiencia en la prestación, promover inversiones y ampliar la cobertura”.
La Casa Rosada justificó el cambio normativo en “la profunda crisis económica” que, según el texto oficial, “limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”.
En esa línea, el Gobierno denunció un “creciente deterioro operativo y financiero” en AySA, al asegurar que su “estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”.
La decisión abre la puerta a una posible desestatización parcial o total de la empresa, que hoy brinda servicio a más de 14 millones de personas en el AMBA. También deja habilitada la posibilidad de cortar el suministro de agua a quienes acumulen deudas, una medida que podría impactar en los sectores más vulnerables.
Desde el oficialismo remarcan que estas reformas forman parte del plan general de “desregulación y modernización” del Estado. Pero la medida ya genera fuertes críticas de sectores sindicales, de la oposición y de organizaciones sociales, que advierten sobre las consecuencias de mercantilizar un recurso esencial como el agua.