BUENOS AIRES, 18 febrero — Ante el inminente paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral, el Gobierno nacional ratificó su política de “día no trabajado, día no pagado” y advirtió que aplicará descuentos salariales a los empleados de la administración pública nacional que adhieran a la medida.
Luego de que los principales gremios estatales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), confirmaran su adhesión, la Casa Rosada informó que se descontará la jornada laboral completa y el ítem de presentismo a quienes se ausenten de sus puestos de trabajo.
“Se procederá a realizar los descuentos correspondientes a todos aquellos empleados que adhieran a la huelga y no cumplan con sus obligaciones laborales”, señalaron fuentes gubernamentales. Según indicaron, la medida apunta a sostener la austeridad fiscal y desalentar la participación para reducir el impacto del paro.
Desde el sector sindical rechazaron la decisión y la calificaron como una “práctica antisindical” y un intento de extorsión que vulnera el derecho constitucional a huelga establecido en el artículo 14 bis.
El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que las advertencias oficiales no frenarán el descontento de los trabajadores estatales, quienes denuncian una fuerte pérdida del poder adquisitivo.
En cuanto al funcionamiento de los servicios, se prevé un alto nivel de acatamiento en el sector público, lo que podría generar complicaciones en distintas áreas. Dependencias nacionales como ANSES, PAMI, AFIP y registros civiles permanecerían cerradas o funcionarían con personal jerárquico reducido.
En el sistema de salud pública nacional, los hospitales mantendrían guardias mínimas para emergencias, mientras que los turnos programados y la atención en consultorios externos serían reprogramados.