El Gobierno, con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de gabinete Guillermo Francos, publicó el decreto 780/2024 en el Boletín Oficial. Este decreto reglamenta la ley 27.275 de acceso a la información pública, sancionada en 2016, y modifica el anterior decreto 206/2017.
El nuevo decreto establece una distinción entre «información pública» y «datos de naturaleza privada». Esto limita el acceso de la ciudadanía a información relevante y podría perseguir a quienes hagan preguntas incómodas bajo la figura de «mala fe».
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticó la medida, señalando que el Gobierno, que se autodenomina «liberal», está restringiendo el acceso a la información pública. Para el CELS, la normativa «vuelve al Estado más opaco y menos transparente».
El decreto 780/2024 también excluye información relacionada con deliberaciones preparatorias y documentos preliminares. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que esta exclusión protege a los «aportes del sector privado», que influyen en las políticas públicas.