El presidente Javier Milei ha vetado por completo la Ley de Movilidad Jubilatoria, tal como se anunció previamente. La decisión fue oficializada este lunes a través del decreto 782/2024, publicado en el Boletín Oficial. La medida deja sin efecto la norma sancionada por el Congreso, que proponía un aumento en el haber mínimo y una nueva fórmula para calcular los ingresos de los jubilados.
En los considerandos del decreto, el Gobierno justifica el veto argumentando que la ley es «violatoria del marco jurídico vigente», ya que no contempla el impacto fiscal de la medida ni su fuente de financiamiento. Según el Ejecutivo, la aplicación de la norma implicaría un gasto adicional de aproximadamente $6.160.000.000.000 para el año 2024 y $15.430.000.000.000 para 2025, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.