La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezó la destrucción de 4.200 celulares que fueron secuestrados en distintos procedimientos de requisa realizados en unidades penitenciarias federales.
Cada uno de estos equipos representaba un canal de comunicación ilegal utilizado para coordinar delitos desde el interior de las cárceles.
En este marco, la ministra afirmó: “en nuestras cárceles hay control, ley y orden. Los presos trabajan. No hay celulares. Requisamos, incautamos y destruimos. Además, bloqueamos la señal para impedir cualquier contacto con el exterior.”
La medida forma parte de una estrategia integral orientada a cortar la cadena de mando del delito. En ese sentido, el fortalecimiento del control penitenciario permitió avanzar en la interrupción de las comunicaciones que sostienen estructuras criminales desde el encierro.
Desde la incorporación del Servicio Penitenciario Federal (SPF) al Ministerio de Seguridad Nacional, los procedimientos de requisa se incrementaron un 330,5% respecto de 2023.
Como resultado, se secuestraron 4.200 celulares en distintos operativos dentro de las unidades federales, que fueron destruidos en un procedimiento llevado adelante en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
Otro de los hitos de gestión del SPF fue la implementación del Sistema Integral de Gestión de Personas Privadas de Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR), que permitió clasificar perfiles, aislar internos de alta peligrosidad y desarticular estructuras de mando.
También se incorporó tecnología específica como inhibidores de señal, sistemas anti-drones, escáneres de rayos X y monitoreo permanente.
La destrucción de los dispositivos se realizó bajo protocolos estrictos que garantizan la trazabilidad del proceso: desde la detección y el secuestro, hasta la custodia y eliminación definitiva de los equipos.